gobierno de virgilio barco vargas (1986 -1990)

Betancur termino su polémico gobierno con más pena que gloria. Los últimos meses de su mandato fueron bastante silenciosos. En 1986 se cumplieron las elecciones presidenciales y resulto electo el ingeniero liberal Virgilio barco Vargas (1921-1997) , con un caudal de 4’214.510 de votos , con el derroto a Álvaro Gómez        Hurtado quien obtuvo 2’588.050. su gobierno funciono bajo el esquema gobierno oposición , con el busco superar los vestigios del bipartidismo que bloqueaba el sistema político , impedía la critica y desvirtuaba    el papel de los partidos , al concentrar su atención en la distribución de sus cuotas burocráticas. La respuesta del conservatismo a este esquema fue la <<oposición reflexiva>> absteniéndose  de participar en la administración. Durante el gobierno barco se fortaleció el plan nacional de rehabilitación (PNR), cuyo objetivo fue dirigir la inversión estatal a regiones y sectores sociales donde la presencia del estado era casi nula; como complemento al PNR se puso en marcha un plan de lucha contra la pobreza absoluta. Se impulsaron reformas en la administración de justicia, en la estructura agraria y urbana y en las instituciones nacionales. Fue particularmente el esfuerzo  hecho por Barco para dotar a la nación de un Archivo General moderno, digno y de gran envergadura. Por lo que se inicio la construcción de su sede y la organización del mismo a partir del antiguo Archivo Nacional.

La Guerra Sucia

La administración Barco enfrento  la mayor parte de la ola  terrorista desatada en el gobierno anterior por el narcotráfico, organización que había formado verdaderos ejércitos privados, entrenados por profesionales israelíes y británicos. Luego de la declaración de extraditar colombianos hecha por Betancur en el entierro del ministro Lara Bonilla y la adopción de una política de mano dura con los narcos que contemplo el embargo y secuestro de sus bienes, el aumento de penas y sanciones y el desplazamiento de sus procesos de la justicia ordinaria a la justicia militar, lo que suponía un permiso para la ejecución discreta de allanamientos, confiscaciones y capturas en todo el país, se desencadeno una guerra sucia que alcanzo su clímax en el gobierno barco. En principio, fueron asesinados más de mil lideres miembros de la unión patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos de paz firmados durante el gobierno de Belisario Betancur.  La ola de crímenes se inicio en septiembre de 1986 con el asesinato de Pedro Nel Jiménez y Leonardo Posada Mendoza, senador y representante, respectivamente, por la UP. Así poco a poco la demencial ola de muertes fue cobrando la vida de miles de colombianos, algunos  de ellos destacadas personalidades de la vida publica que habían criticado o se habían opuesto al ascenso social del narcotráfico: el primero fue el magistrado Héctor Vaquero  Borda, en noviembre de 1986; luego, el 17 de diciembre, Guillermo Cano Izasa, director del espectador, quien critico la irrupción de nuevas fuerzas de gran poder económico que pugnaban por abrirse un espacio en la sociedad y de esta manera legitimar su existencia. El procurador Carlos Mauro Hoyos fue muerto en 1988.

La guerra sucia se agudizo  cuando el gobierno trato de hacer algunos acercamientos, a partir de julio de 1988, con los narcotraficantes o extraditables, pero EE.UU presiono para que estos esfuerzos no se concretaran y obligo a que Barco declarara que lo que parecía como una intención de estado no era más que una iniciativa personal de Germán Montoya, secretario Privado de La Presidencia.

Actitud que precipito una nueva escalada terrorista en la que fueron asesinados el gobernador de Antioquia, Antonio Roldan Betancur,  el comandante de la policía de Medellín, coronel  Valdemar  franklin Quintero, y el magistrado del tribunal superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia.

Nunca en la historia de Colombia había sucedido lo que acaeció en el cuatrienio de barco:

cuatro candidatos a la presidencia de la republica fueron asesinados. El primero fue Jaime Pardo Leal, candidato de la UP,  el 12 de octubre de 1987; el segundo fue Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, crimen del que fue acusado el narcotráfico y por qué el gobierno impuso la extradición  por vía administrativa; ello satisfizo la aspiraciones  norteamericanas, pero agudizó la escalada terrorista.

Los atentados se multiplicaron: el 2 de septiembre de 1989 las instalaciones del diario el Espectador en Bogotá fueron parcialmente destruidas a consecuencia  de un carro bomba; el 16 de octubre ocurrió lo mismo con vanguardia liberal; en Bucaramanga;  diez días después el hotel Hilton de Cartagena  fue la Victima, con lo que afecto la industria del turismo. El mismo día de la bomba en Cartagena, explotó un avión comercial de Avianca, en pleno vuelo, donde murieron  más de 100 personas. El 6 de diciembre un poderoso carro bomba  semidestruyó  la sede administrativa del departamento administrativo de seguridad (DAS), causando infinidad de muertes y cuantiosas  perdidas materiales. Luego de tal atentado y de la muerte del mas cercano lugarteniente de escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, se planto por parte del gobierno la creación de una comisión de notables, integradas por los ex presidentes López  Michelsen, Pastrano Borrero y Turbai Achala, el cardenal Mario Rebollo Bravo y Diego Montaña Cuellar, presidente de la UP, para pactar con Escobar las condiciones de su entrega. 

El capo, en señal de la aprobación, libero a la mayoría de los secuestrados que tenia en su poder, entrego una carga de dinamita de mil kilos  y puso a disposición de las autoridades un moderno laboratorio para  el procesamiento  de cocaína pero la comisión nunca se instalo y Escobar reprendió una nueva oleada terrorista durante los meses de abril as junio de 1990, estuvo orientada contra la <<oligarquía criolla>>  en los estados unidos;  estallaron 18 carros- bomba en diferentes ciudades del país y en exclusivos sitios que dejaron 93 muertos cerca de 500 heridos y mas de 3000 millones de perdidas. El tercer candidato asesinado fue Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP y el cuarto, Carlos Pizarro León-Gómez, líder del recién desmovilizado grupo M-19. Pese a que Barco asumió una posición de confrontación total frente al narcotráfico intento buscar una posición internacional que no solo exigiera que la lucha contra los traficantes fuera asumida por los paises productores, si no también por los consumidores, los que suministraban los insumos químicos para su procesamiento y los que lavaban los dólares procedentes de la actividad y proveían de armas a los traficantes.

 

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