El New Deal o Nuevo Trato

El 4 de marzo de 1933, Roosevelt, el candidato del Partido Demócrata, asumió la presidencia. Ese día, cerca de la mitad de los Estados habían cerrado sus bancos por disposición legal, y entre los que permanecían abiertos muchos no disponían de dinero. En su discurso Roosevelt convocó a no tener miedo; estaba dispuesto a ponerse en marcha ya en pos de su principal objetivo: «poner a la gente a trabajar».

Inmediatamente decretó unas vacaciones de cuatro días para la banca y convocó para el lunes siguiente a una sesión extraordinaria del Congreso. A lo largo de los siguientes cien días, como se conoce a este período, el Congreso aprobó una avalancha de leyes sobre fondos asistenciales para los parados, precios de apoyo para los agricultores, servicio de trabajo voluntario, proyectos de obras públicas a gran escala, reorganización de la industria privada, creación de un organismo federal para salvar el valle del Tenessee, financiación de hipotecas para los compradores de viviendas y para los agricultores, seguros para los depósitos bancarios y reglamentación para las transacciones de valores. El grado de compromiso financiero del gobierno federal con la marcha de la economía y los problemas sociales no tenía precedentes.

A pesar de cierta sintonía con las ideas de Keynes, el «New Deal» no se basó en la doctrina del economista inglés. El presidente Roosevelt y su equipo no aceptaron incrementar los gastos al punto de generar déficit en el presupuesto, oscilaron entre la inyección de la inversión estatal y la vuelta a la frugalidad. No obstante, el New Deal dio lugar a la aprobación de un conjunto de leyes que crearon organismos destinados a orientar desde el Estado las decisiones de los principales agentes económicos y a promover políticas concertadas entre los mismos. Ley de Ajuste Agrícola se basaba en la idea de que el exceso de producción era el principal problema de la economía.

Su objetivo era volver a la relación entre los precios de los productos agrícolas e industriales anterior a la Gran Guerra. Para esto se recurrió al control de la producción y a la acumulación de materias primas básicas a través del Departamento de Agricultura, en colaboración con comités de agricultores locales y asociaciones agrarias regionales. Se otorgan primas a quienes restringiesen voluntariamente la producción, pero aunque disminuyó la superficie cultivada el incremento de la productividad de la tierra mantuvo el volumen de los productos agrícolas. Cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal el impuesto con que se gravaba la elaboración de los productos agrícolas a fin de financiar las primas a la reducción de los cultivos, este programa se vino abajo. La ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA) estimulaba a las empresas a estabilizar su cuota de mercado y al mismo tiempo aspiraba a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En relación con la recuperación de las empresas se buscó eliminar la competencia «anti económica» para posibilitar el aumento de los precios y la inversión. Las empresas fueron invitadas a presentar un código de precios y salarios justos. Desde el gobierno se publicitó a los monopolios como algo deseable y a la competencia como antipatriótica. La reorganización industrial propiciada por la ley requería que los capitalistas aceptasen acordar con los sindicatos. Aunque sin dejar de reprimir la oleada de huelgas y movimientos de protesta por parte de los trabajadores y los sectores más afectados por la recesión.

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